Luego de la parodia de las consultas y los talleres finalmente se viene la reforma de nivel medio con la supuesta intención de garantizar la permanencia y finalización de los estudios secundarios de “todos” los jóvenes. Esto en el marco de un panorama cada vez más desolador que golpea sobre todo a los jóvenes de los sectores populares, cuyos padres sufren el desempleo o el trabajo precario y en negro, y donde la repitencia y la sobreedad se vuelve una realidad constante, transformándose en problema social y de clase que merece ser debatido en profundidad.
Mientras en los sectores de mayores recursos económicos y culturales la repitencia es notablemente menor, en la otra escala los números se incrementan. Tomemos algunos datos: el 52% de los jóvenes de 19 a 29 años no tiene título secundario, lo que incluye a muchos que terminan el cursado y adeudan gran cantidad de materias. Por otra parte, los índices de repitencia se triplican en el sector estatal comparado con el privado, ocurriendo lo mismo con la sobreedad cuyo promedio es de 42% contra el 17%, siendo la tasa de abandono más del doble entre ambos sistemas (ver: Documento preliminar para la discusión sobre la educación secundaria en argentina, Ministerio de Educación, Consejo Federal de Educación, Octubre, 2008).
Asimismo, dentro del sector público encontramos significativas diferencias, debidas a la historia y tradición de ciertas escuelas comparadas con aquellas ubicadas en las zonas “periféricas” de la ciudad.
Pero más allá de los datos reales sobre los que debaten hoy el gobierno nacional y provincial resulta indignante que intenten diseñar reformas que sólo son un paliativo a la situación de completo abandono de la educación que sus propias políticas generaron: sólo basta recorrer escuelas para constatar la realidad de cursos superpoblados y con sobreedad en 1° y 2° año, cada vez menos divisiones y matrícula en los últimos años llegando a haber entre tres o cinco cursos en 1º y 2º año y un solo 5º y 6º año. Mientras tanto las escuelas confesionales luego de recibir el 100 % de salario de los docentes por parte del Estado (lo cual implica una utilización de los fondos públicos en detrimento de la educación gratuita, pública y estatal) cobran cuotas van de los 200 a 400 pesos para “seleccionar” el alumnado y preservar el 100% de la matrícula de primero a sexto año.
Esto muestra la real política de este y los anteriores gobiernos: millonarios recursos públicos y privados para la educación de los sectores de mayores recursos y ahogo presupuestario para la educación destinada a las grandes mayorías populares. Lo cual, a su vez, causa múltiples problemas a los docentes que somos los que afrontamos estas condiciones: agotamiento físico y mental con cursos superpoblados y sin gabinetes psicopedagógicos, falta de instrumentos tecnológicos y pedagógicos, constantes presiones por parte de las autoridades; todo lo cual ni mencionan los documentos en debate.
En boca de un gobierno que garantiza ganancias extraordinarias a las grandes multinacionales, en un país donde el 10% más rico recibe en promedio 30 veces más ingresos que el 10 % más pobre, donde la pobreza, la desocupación, la precarización del empleo y la falta de vivienda afectan a millones, hablar de “igualdades educativas” no es más que una verdadera burla.
Pretenden hacernos creer que con algunas reformas puntuales se superarían las enormes desigualdades sociales existentes; cuando la realidad es que no sólo la educación por sí misma es incapaz de resolver las desigualdades sociales existentes, sino que aún en una situación ideal de 100% de escolaridad para los niños y jóvenes, no resuelve las dificultades tampoco a la hora del aprendizaje. El propio rendimiento escolar desigual está condicionado por las diferencias de acceso a la alimentación, la vivienda, el trabajo, es decir, por las propias desigualdades sociales de origen. Ninguno de estos problemas son señalados por los documentos en debate, que buscan ocultar cuáles son los mecanismos de producción de la desigualdad y los flagelos reales que sufre el pueblo trabajador.
Así, mientras nos quieren convencer de que por unas cuantas modificaciones en las materias se podría evitar la repitencia y la sobreedad, anuncian medidas que flexibilizarían aún más nuestras condiciones de trabajo: cargos de coordinador y tutor con monotributo, creación de cargos a dedo y por acomodo, ausencia total de equipos psicopedagógicos; es decir: sueldos extras en negro sin derechos gremiales para que los docentes trabajemos además de las 30hs cátedra o el doble cargo más horas que implicarían seguir deteriorando nuestra salud.
Debemos garantizar una verdadera discusión democrática desde las bases, con asambleas en cada escuela donde los propios docentes en común con los padres de nuestros alumnos debatamos sobre el estado al que los distintos gobiernos arrastraron a la educación pública.
Por ello, contra la repitencia y por una educación de calidad, debemos luchar por:
- La triplicación del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa, impuestos a las grandes fortunas y al cese de subsidios a las escuelas religiosas.
- Sistema público único de educación financiado por el Estado.
- Salario igual a la canasta familiar por cargo, para que podamos tener la dedicación que nuestros alumnos necesitan, sin correr de escuela en escuela.
- Que se conformen gabinetes psicopedagógicos en todas las escuelas. Que no haya más de 20 alumnos por curso. Materiales pedagógicos acordes a las nuevas tecnologías y libros gratis para los alumnos.
- Que todos los cargos sean en blanco y por Lista de Orden de Mérito. Titularización de los precarios cargos de suplentes e interinos.
- Planificación educativa a cargo de los docentes, estudiantes, padres y las organizaciones de trabajadores y populares.
