COMUNICADO DE PRENSA
Córdoba, 24/02/11 (Prensa Docentes D – Base) El día miércoles 23 de febrero la UEPC realizó una Asamblea Departamental en la que resolvió avalar la propuesta salarial del 30 % en dos tramos hecha por el gobierno de Schiaretti, pasando a cuarto intermedio hasta el lunes 28 de febrero. Los sectores de la oposición combativa docente denuncian que la UEPC se prepara para aprobar de manera antidemocrática una propuesta salarial que consideran como "insuficiente y escandalosa, en el marco de una inflación creciente y una canasta familiar que está por encima de los $5000"; tal como expresó Andrés Damiani, delegado escolar y de la Agrupación Docente D-BASE (PTS e independientes) en la Lista Fucsia. El delegado denunció que "esta asamblea departamental se llevó a cabo sin ningún mandato de base, ya que no fueron convocadas previamente las asambleas escolares para que las y los docentes podamos debatir y resolver en base a nuestras necesidades reales y no a la conveniencia del gobierno provincial, al que la UEPC busca garantizarle la paz social en un año electoral". Respecto a las asambleas escolares convocadas por UEPC para el día de hoy, Erica Guazzaroni, también delegada escolar y de la Agrupación Docente D-BASE (PTS e independientes), expresó: "para la conducción, éstas asambleas no son más que una simple formalidad, ya que de todos modos se preparan para cerrar por arriba un acuerdo que sólo favorece los intereses del gobierno del que son aliados." Por esto, Guazzaroni convocó al conjunto de la docencia a "acudir masivamente a las asambleas para imponer a la conducción un plan de lucha, empezando por el no inicio, para lograr el 40 % de aumento al básico y sin ningún desdoblamiento." Para finalizar, planteó que "es necesario que los docentes acudamos a todas nuestras herramientas, impulsemos cortes zonales, etc. para imponer a la conducción un plan de lucha con movilización, única forma de arrancar nuestras demandas al gobernador Schiaretti que sigue subsidiando a los sojeros y las multinacionales automotrices mientras los docentes no llegamos a fin de mes."
viernes, 25 de febrero de 2011
domingo, 13 de febrero de 2011
Ante las paritarias nacionales
Contra el techo salarial que quieren imponernos Cristina y Nebreda este año: Exijamos a los dirigentes de CTERA y UEPC un plan de lucha por un aumento del 40%
Una vez más, como todos los años, sin previa discusión con los trabajadores, los dirigentes de la CTERA empezaron a discutir con el gobierno el salario nacional. Si, la misma Central que viene cerrando los acuerdos salariales más bajos en los últimos años y estando ausente en las luchas de la docencia de todo el país, la que se niega a unificar los reclamos en una lucha nacional, nuevamente será la encargada de decidir cuánto debemos ganar los docentes de todo el país.
Una vez más, como todos los años, sin previa discusión con los trabajadores, los dirigentes de la CTERA empezaron a discutir con el gobierno el salario nacional. Si, la misma Central que viene cerrando los acuerdos salariales más bajos en los últimos años y estando ausente en las luchas de la docencia de todo el país, la que se niega a unificar los reclamos en una lucha nacional, nuevamente será la encargada de decidir cuánto debemos ganar los docentes de todo el país.
“Les pido moderación…”
Cómo era de prever la primera reunión, realizada el viernes 4/2, terminó “en buenos términos”, según los sindicatos, mientras el Ministro Sileoni fue aún más claro: “llegaremos a un acuerdo, es impensable que así no ocurra”. Y así se encararán las siguientes reuniones en la semana entrante, con los dirigetes sindicales dispuestos a “ser moderados” conforme al pedido de Kristina. Es que el gobierno nacional quiere mantener "el modelo de crecimiento a tasas chinas", que no es otra cosa que superganancias empresarias a costa del salario obrero y de relegar a millones de trabajadores a condiciones de explotación miserable, tercerización y trabajo en negro. La paritaria docente, una de las primeras de todo el movimiento obrero, se convertirá nuevamente en “testigo”, queriendo imponer un techo por el piso al resto de los trabajadores. Lo mismo que hicieron el año pasado, y que chocó con la resistencia de sectores de trabajadores como los de la alimentación, con la combativa Comisión Interna de Kraft a la cabeza que rompió el techo salarial e impuso el 35%. Estos sectores señalan un camino distinto, -reconocido hasta por los propios medios que los denominan como el sindicalismo de base-: y gracias a su organización democrática en base a asambleas y luchas (método ajeno al de la burocracia sindical tanto de la CTA como de la CGT) consiguieron romper el techo que Maldonado/Yasky (CTA) y Moyano (CGT) habían transado con el gobierno K.
Un solo grito debe surgir desde las escuelas: 40% de aumento salarial y $4000 de salario de bolsillo por cargo
Según la información que dan a la prensa (ya que no hay asambleas ni siquiera informativas en los sindicatos provinciales), la CTERA pide que el salario mínimo pase de $1950 a $2500, (lo cual incluiría el incentivo, completamente en negro) sin decir una sóla palabra sobre el hecho de que gran parte del salario de los docentes en todo el país está en negro o en "gris". Pero eso no es todo, ya que ante la posible oferta del gobierno de dar de manera escalonada el aumento, Maldonado declaró ante los medios que “según como sean los escalones, podríamos aceptar”, es decir que la CTERA estaría dispuesta a aceptar, sin siquiera discutirlo con ningún docente, pero todo sea por no hacer enojar a la presidenta.
Esto ya lo vivimos el año pasado cuando Maldonado, a espaldas de la docencia de todo el país, y con varias provincias luchando, transó un aumento escalonado, llegando al colmo de recibir, casi a fin de año, sumas miserables de $ 50, ya comido por la inflación antes de salir en el recibo de sueldo ¡Qué la Celeste consideraba el aumento máximo que se podía conseguir!
Asambleas para exigir e imponer 40% de aumento salarial y $4000 de salario de bolsillo por cargo
No es casual que la CTERA se apure en cerrar el acuerdo con el gobierno nacional, ya que de “lo que logren” dependerán las discusiones de las paritarias provinciales. En Córdoba, la UEPC está enviando un comunicado en el que apoya el pedido del miserable 25 % de CTERA y anuncia la convocatoria a un plenario de Secretarios Generales para el próxiimo lunes. Nada podemos esperar de una conducción que ha entregado sistemáticamente nuestras luchas firmando acuerdos muy por debajo de la canasta familiar. Está más que claro que no serán estos dirigentes, que sólo quieren garantizarle al gobierno los 180 días de clases (que en Córdoba son ya 190 días!!), los que pueden ponerse al frente de la lucha por un salario básico que cubra la canasta familiar, que peleen por la triplicación del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa y al quite de subsidios a la educación privada.
Por esto desde la Agrupación Docente D-BASE en la LISTA FUCSIA llamamos a impulsar asambleas por escuela y zona que impongan un plan de lucha por estas reivindicaciones, comenzando por el No Inicio de clases. Para que no negocien en nuestro nombre los dirigentes vendidos sino verdaderos represenntantes de los docentes, es necesario que los delegados paritarios y su mandato sean votados en asambleas, y sean las propias asambleas las que decidan si aceptar o no las cifras que da el gobierno. Para defendernos de la inflación que golpea nuestros bolsillos debemos imponer que los salarios se actualicen con el verdadero costo de la canasta familiar (no con los truchos números del INDEC).
sábado, 12 de febrero de 2011
Provincia de Buenos Aires:Que los asesinos del gatillo fácil y responsables de la desaparición de Luciano Arruga no pisen nuestras escuelas
En la provincia la inseguridad es la propia Bonaerense
El gobernador Scioli dispuso que en el marco del programa “ Prevención en las escuelas” cada establecimiento educativo contará, el primer día de clase y el tiempo necesario hasta cumplir el objetivo, con un policía para concientizar, informar, repartir folletos y dar charlas en las aulas sobre “políticas de prevención del delito”.
Los trabajadores de la educación que conformamos la Corriente Nacional 9 de Abril-Lista Marrón del SUTEBA-CTERA repudiamos este intento de meter en las escuelas a los responsables de casi 1500 casos de gatillo fácil, la mitad de todos los producidos a nivel nacional, de los que son víctimas pibes de la edad de nuestros alumnos en su amplia mayoría.
Esta policía intenta legitimar un claro avance de las fuerzas represivas naturalizando la presencia de uniformados (policías bonaerense 1 y 2, las policías municipales y gendarmería) militarizando las calles, los barrios y las escuelas de la Pcia. De Buenos Aires. ¡Esta Bonaerense, principal sospechada de la desaparición de Jorge Julio López, cuenta en sus filas con más de 9000 efectivos que actuaron durante la dictadura en los centros clandestinos de detención ,no debe meterse en las escuelas!
Justamente, esta medida nefasta aparece en medio de una verdadera campaña de criminalización de la juventud en la que el gobernador Scioli, la derecha y los medios insisten con bajar la edad de imputabilidad de los menores.
La posición del gobernador no es nueva. La de la derecha y los medios tampoco. La presidenta por su parte dice el problema no es “de edades”, pero su partido votó a favor en el senado de la baja de edad de imputabilidad. Lo cierto es que en cada delito sangriento, repetido hasta el hartazgo en las pantallas, se busca con lupa la participación de un menor y se instala la idea que relaciona menores con delitos sangrientos, problema que supuestamente se solucionaría con un incremento de personal policial y de otras fuerzas represivas.
Según un estudio de Nils Karberg, director regional de UNICEF para América Latina, los delitos graves dolosos cometidos por menores en la provincia por año no superan los quince (eso sí repetidos por televisión hasta el hartazgo), una cifra ínfima en relación con la población bonaerense y más si se la compara con la de otros países de América e incluso de Europa. Y una cifra insignificante al lado de los grandes delitos que tienen como partícipes a los propios efectivos policiales junto a mafias, zonas liberadas, desarmaderos, tráfico de drogas y personas, etc.
Y entonces… ¿Cuál es el sentido de estas medidas?
En primer lugar implica criminalizar a las víctimas: a pesar del pregonado crecimiento económico, más de 600.000 pibes de entre 15 y 24 años no tienen trabajo, ni acceso al estudio. Los que tienen la suerte de trabajar lo hacen en condiciones de suma precariedad. Los jóvenes son el sector con mayor potencialidad de rebeldía, y, por ende, quienes primero y más profundamente pretenden disciplinar. Reprimir, encerrar y matar es la única salida que parece ofrecer el gobierno de Cristina y Scioli y que avala la oposición patronal de Duhalde, Macri, Alfonsín y Carrió para el sector más vulnerable de la sociedad. La presencia del estado se hace sentir, no como respuesta a las demandas de los trabajadores y sus hijos, sino con mano dura.
En nuestro país son 3.093 las personas asesinadas por las fuerzas represivas del estado (gatillo fácil, torturas en comisarias e institutos, CORREPI- Archivo 2010) desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010. La mayoría jóvenes. De ellas, 1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner y 56 los asesinados en movilizaciones populares (Fuentealba, Mariano Ferreira, Kosteki y Santillán…) cifra que muestra claramente cuál es la respuesta de los diferentes gobiernos de turno ante los reclamos del pueblo.
En segundo lugar, lo que se oculta con la discusión menores-delito es que detrás de las grandes actividades delictivas como el robo de automotores, el narcotráfico, los secuestros o la trata de personas, etc. está involucrada la policía. Los medios, por más que quieran, no pueden esconder esto. Recordemos la serie de crímenes con robos de coches que ocurrieron a fines del 2009 donde hasta el mismo ex ministro de seguridad Stornelli tuvo que reconocer la participación policial; o la salidera bancaria de la que fue víctima Carolina Píparo que dejó de salir en los medios justo cuando uno de los detenidos involucró a personal de la bonaerense.
Y hasta la participación de menores en delitos graves, la mayor parte de las veces, es propiciada o impuesta por la propia policía como denunció oportunamente el Juez Arias de La Plata. Justamente en estos días acaban de cumplirse dos años de la desaparición del joven Luciano Arruga, visto por última vez brutalmente golpeado en el destacamento policial de Lomas del Mirador tras haberse negado a robar para la bonaerense.
Es que justamente la juventud es la principal víctima de la policía a través del gatillo fácil o las torturas en las comisarías como decíamos más arriba. Miguel Brú, Maximiliano Sosa, Damián Ibarzabal, Maximiliano Maidana, Carla Lacorte, los chicos torturados en la Comisaría Primera de Quilmes, o los recientes asesinatos a manos de la Bonaerense de Gabriel Ramos y Franco Raul Almiron en J. L. Suarez bajo la escusa de que estaban saqueando un tren, son sólo algunos ejemplos de pibes y pibas que fueron víctimas de esta renovada forma de genocidio.
En este sentido, poner a la policía a “asesorar” y “cuidar” a la juventud es un acto perverso y criminal.
Una política de mano dura y criminalización
Pero esta medida no es una medida aislada sino parte de una política del gobierno nacional y los gobiernos provinciales –tanto oficialistas como opositores- que quieren ponerle freno a la protesta social y a la emergencia de los sectores más explotados y oprimidos de nuestro país. El 2010 terminó con los asesinatos de Mariano Ferreyra (a manos de la patota sindical, columna vertebral del modelo, según Kristina), los Quom de la Comunidad La primavera de Formosa y de los hermanos inmigrantes y nativos en el desalojo del Parque Indoamericano. Pero también con el intento de desafuero de los delegados combativos, como Víctor Ottoboni de Fate o el procesamiento de los estudiantes Jéssica Calcagno y Patricio del Corro por cortar las calles en apoyo a la lucha de los trabajadores de Kraft en 2009 y como si esto fuera poco ahora quieren bajar la edad de imputabilidad a los menores. Un ataque en toda la línea a los que salen a luchar y cuestionar “el modelo”.
Los/as docentes tenemos que ser parte de los miles que en las calles derrotemos estas medidas de disciplinamiento junto a los jóvenes, los trabajadores y el pueblo pobre.
Los sindicatos, federaciones estudiantiles y organismos de DDHH tienen que poner en pie una gran campaña para derrotar esta ofensiva reaccionaria del gobierno nacional y provincial avalada por la oposición patronal. Lamentablemente, organizaciones como la FEB se han pronunciado a favor de esta política de militarización y el SUTEBA tibiamente cuestionó la medida. Es necesario que SUTEBA y el Frente Gremial Docente junto a la CTA y la CGT se pronuncien claramente en contra y que llamen a asambleas comunes en todos los lugares de trabajo para que discutamos medidas para derrotar esta política del gobierno provincial.
-¡No a la policía en las escuelas!
-¡No a la baja de edad de imputabilidad!
El gobernador Scioli dispuso que en el marco del programa “ Prevención en las escuelas” cada establecimiento educativo contará, el primer día de clase y el tiempo necesario hasta cumplir el objetivo, con un policía para concientizar, informar, repartir folletos y dar charlas en las aulas sobre “políticas de prevención del delito”.
Los trabajadores de la educación que conformamos la Corriente Nacional 9 de Abril-Lista Marrón del SUTEBA-CTERA repudiamos este intento de meter en las escuelas a los responsables de casi 1500 casos de gatillo fácil, la mitad de todos los producidos a nivel nacional, de los que son víctimas pibes de la edad de nuestros alumnos en su amplia mayoría.
Esta policía intenta legitimar un claro avance de las fuerzas represivas naturalizando la presencia de uniformados (policías bonaerense 1 y 2, las policías municipales y gendarmería) militarizando las calles, los barrios y las escuelas de la Pcia. De Buenos Aires. ¡Esta Bonaerense, principal sospechada de la desaparición de Jorge Julio López, cuenta en sus filas con más de 9000 efectivos que actuaron durante la dictadura en los centros clandestinos de detención ,no debe meterse en las escuelas!
Justamente, esta medida nefasta aparece en medio de una verdadera campaña de criminalización de la juventud en la que el gobernador Scioli, la derecha y los medios insisten con bajar la edad de imputabilidad de los menores.
La posición del gobernador no es nueva. La de la derecha y los medios tampoco. La presidenta por su parte dice el problema no es “de edades”, pero su partido votó a favor en el senado de la baja de edad de imputabilidad. Lo cierto es que en cada delito sangriento, repetido hasta el hartazgo en las pantallas, se busca con lupa la participación de un menor y se instala la idea que relaciona menores con delitos sangrientos, problema que supuestamente se solucionaría con un incremento de personal policial y de otras fuerzas represivas.
Según un estudio de Nils Karberg, director regional de UNICEF para América Latina, los delitos graves dolosos cometidos por menores en la provincia por año no superan los quince (eso sí repetidos por televisión hasta el hartazgo), una cifra ínfima en relación con la población bonaerense y más si se la compara con la de otros países de América e incluso de Europa. Y una cifra insignificante al lado de los grandes delitos que tienen como partícipes a los propios efectivos policiales junto a mafias, zonas liberadas, desarmaderos, tráfico de drogas y personas, etc.
Y entonces… ¿Cuál es el sentido de estas medidas?
En primer lugar implica criminalizar a las víctimas: a pesar del pregonado crecimiento económico, más de 600.000 pibes de entre 15 y 24 años no tienen trabajo, ni acceso al estudio. Los que tienen la suerte de trabajar lo hacen en condiciones de suma precariedad. Los jóvenes son el sector con mayor potencialidad de rebeldía, y, por ende, quienes primero y más profundamente pretenden disciplinar. Reprimir, encerrar y matar es la única salida que parece ofrecer el gobierno de Cristina y Scioli y que avala la oposición patronal de Duhalde, Macri, Alfonsín y Carrió para el sector más vulnerable de la sociedad. La presencia del estado se hace sentir, no como respuesta a las demandas de los trabajadores y sus hijos, sino con mano dura.
En nuestro país son 3.093 las personas asesinadas por las fuerzas represivas del estado (gatillo fácil, torturas en comisarias e institutos, CORREPI- Archivo 2010) desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010. La mayoría jóvenes. De ellas, 1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner y 56 los asesinados en movilizaciones populares (Fuentealba, Mariano Ferreira, Kosteki y Santillán…) cifra que muestra claramente cuál es la respuesta de los diferentes gobiernos de turno ante los reclamos del pueblo.
En segundo lugar, lo que se oculta con la discusión menores-delito es que detrás de las grandes actividades delictivas como el robo de automotores, el narcotráfico, los secuestros o la trata de personas, etc. está involucrada la policía. Los medios, por más que quieran, no pueden esconder esto. Recordemos la serie de crímenes con robos de coches que ocurrieron a fines del 2009 donde hasta el mismo ex ministro de seguridad Stornelli tuvo que reconocer la participación policial; o la salidera bancaria de la que fue víctima Carolina Píparo que dejó de salir en los medios justo cuando uno de los detenidos involucró a personal de la bonaerense.
Y hasta la participación de menores en delitos graves, la mayor parte de las veces, es propiciada o impuesta por la propia policía como denunció oportunamente el Juez Arias de La Plata. Justamente en estos días acaban de cumplirse dos años de la desaparición del joven Luciano Arruga, visto por última vez brutalmente golpeado en el destacamento policial de Lomas del Mirador tras haberse negado a robar para la bonaerense.
Es que justamente la juventud es la principal víctima de la policía a través del gatillo fácil o las torturas en las comisarías como decíamos más arriba. Miguel Brú, Maximiliano Sosa, Damián Ibarzabal, Maximiliano Maidana, Carla Lacorte, los chicos torturados en la Comisaría Primera de Quilmes, o los recientes asesinatos a manos de la Bonaerense de Gabriel Ramos y Franco Raul Almiron en J. L. Suarez bajo la escusa de que estaban saqueando un tren, son sólo algunos ejemplos de pibes y pibas que fueron víctimas de esta renovada forma de genocidio.
En este sentido, poner a la policía a “asesorar” y “cuidar” a la juventud es un acto perverso y criminal.
Una política de mano dura y criminalización
Pero esta medida no es una medida aislada sino parte de una política del gobierno nacional y los gobiernos provinciales –tanto oficialistas como opositores- que quieren ponerle freno a la protesta social y a la emergencia de los sectores más explotados y oprimidos de nuestro país. El 2010 terminó con los asesinatos de Mariano Ferreyra (a manos de la patota sindical, columna vertebral del modelo, según Kristina), los Quom de la Comunidad La primavera de Formosa y de los hermanos inmigrantes y nativos en el desalojo del Parque Indoamericano. Pero también con el intento de desafuero de los delegados combativos, como Víctor Ottoboni de Fate o el procesamiento de los estudiantes Jéssica Calcagno y Patricio del Corro por cortar las calles en apoyo a la lucha de los trabajadores de Kraft en 2009 y como si esto fuera poco ahora quieren bajar la edad de imputabilidad a los menores. Un ataque en toda la línea a los que salen a luchar y cuestionar “el modelo”.
Los/as docentes tenemos que ser parte de los miles que en las calles derrotemos estas medidas de disciplinamiento junto a los jóvenes, los trabajadores y el pueblo pobre.
Los sindicatos, federaciones estudiantiles y organismos de DDHH tienen que poner en pie una gran campaña para derrotar esta ofensiva reaccionaria del gobierno nacional y provincial avalada por la oposición patronal. Lamentablemente, organizaciones como la FEB se han pronunciado a favor de esta política de militarización y el SUTEBA tibiamente cuestionó la medida. Es necesario que SUTEBA y el Frente Gremial Docente junto a la CTA y la CGT se pronuncien claramente en contra y que llamen a asambleas comunes en todos los lugares de trabajo para que discutamos medidas para derrotar esta política del gobierno provincial.
-¡No a la policía en las escuelas!
-¡No a la baja de edad de imputabilidad!
jueves, 23 de diciembre de 2010
El gobierno provincial quiere judicializar la protesta estudiantil
Comunicado de Prensa del PTS
Córdoba, Jueves, 23 de diciembre de 2010 (Prensa PTS) Luego de haber aprobado la reforma educativa reprimiendo a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios ademas de docentes y padres, el gobierno denuncia a estos estudiantes que intentaban llegar a la sesión legislativa dado su caracter publico. Laura Vilches, docente y dirigente del PTS que fue detenida en dicha represión, declaró “los estudiantes no pudieron entrar ya que se los impidió un vallado policial y decenas de efectivos que desataron la salvaje represión policial que fue nacionalmente repudiada, donde se vio estudiantes arrastrados de los pelos, golpeados a patadas y con los bastones policiales; hasta la diputada nacional Nebreda cercana a Grahovac que avaló todo el tiempo la reforma, tuvo que repudiar esta represión”. Vilches agregó que “el gobierno provincial quiere perseguir a los estudiantes, judicializando la protesta estudiantil es inadmisible, la pelea que venimos sosteniendo ha sido respaldada por un amplísimo sector de la población, con multitudinarias marchas, hasta la rectora de la UNC que formó parte del Consejo de Políticas Educativas, Carolina Scotto, cuestionó los mismos puntos que repudió el movimiento estudiantil.”
Córdoba, Jueves, 23 de diciembre de 2010 (Prensa PTS) Luego de haber aprobado la reforma educativa reprimiendo a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios ademas de docentes y padres, el gobierno denuncia a estos estudiantes que intentaban llegar a la sesión legislativa dado su caracter publico. Laura Vilches, docente y dirigente del PTS que fue detenida en dicha represión, declaró “los estudiantes no pudieron entrar ya que se los impidió un vallado policial y decenas de efectivos que desataron la salvaje represión policial que fue nacionalmente repudiada, donde se vio estudiantes arrastrados de los pelos, golpeados a patadas y con los bastones policiales; hasta la diputada nacional Nebreda cercana a Grahovac que avaló todo el tiempo la reforma, tuvo que repudiar esta represión”. Vilches agregó que “el gobierno provincial quiere perseguir a los estudiantes, judicializando la protesta estudiantil es inadmisible, la pelea que venimos sosteniendo ha sido respaldada por un amplísimo sector de la población, con multitudinarias marchas, hasta la rectora de la UNC que formó parte del Consejo de Políticas Educativas, Carolina Scotto, cuestionó los mismos puntos que repudió el movimiento estudiantil.”Finalmente la dirigente del PTS indicó que “Schiaretti muestra con esta acción que es un gobierno totalmente anti popular que es capaz de perseguir hasta a jóvenes estudiantes, todo para subordinarse a las grandes empresas votando leyes favorables a éstas y a la reaccionaria Iglesia Católica. A tono con las políticas represivas que empezó a tener el gobierno nacional, Schiaretti aprovecha para intentar escarmentar a quienes protestan. Los estudiantes y docentes que somos parte de este movimiento podemos asegurar que cualquier intento de persecución va a ser respondido con la más amplia movilización y nuevas medidas de fuerza”. Las medidas a tomar serán discutidas en próximas reuniones de la Asamblea Interestudiantil.
jueves, 16 de diciembre de 2010
Este gobierno es el de la represión a los estudiantes y a los pobres
Conferencia de Prensa
Córdoba 16 de diciembre de 2010 (Prensa PTS) En Conferencia de prensa estudiantes y docentes que fueron detenidos el día de ayer denunciaron la responsabilidad del gobierno provincial dispuesto a hacer aprobar una ley anti democrática mediante la represión policial, golpeando brutalmente a quienes se llevaban detenidos arrastrándolos tomados de los cabellos.
“Esta represión va a tono con los desalojos también brutales de la semana pasada en barrios de Córdoba a quienes reclaman un techo para vivir, y con el gobierno nacional que mediante la Policía Federal reprimió con un saldo de tres muertos en Villa Soldati a quienes levantaban el mismo reclamo. No sólo esto sino que en la misma línea el gobierno de Formosa firme aliado del gobierno nacional reprimió a la comunidad toba Qom dejando también dos muertos y muchos heridos cómo saldo, Cristina Kirchner en lugar de condenar los hechos realizó un acto respaldando al responsable del asesinato de los tobas, el gobernador Isfraín; otro tanto hicieron los aliados del gobierno, la patota sindical que asesinó a Mariano Ferreyra” afirmó Laura Vilches, docente y dirigente del PTS, junto a Erica Guazzaroni delegada docente y a Luciana Torres referente estudiantil de Filosofía y Humanidades ambas militantes también del PTS, las tres detenidas y golpeadas por la policía provincial. Erica Guazzaroni agregó “Tal cómo hace el gobierno nacional que reivindica ser un gobierno de los derechos humanos mientras su Policía Federal asesina en Soldati, Schiaretti se dice progresista y reprime pobres y estudiantes. Pretenden maquillar sólo con ese discurso la candidatura de De La Sota acordada con el kirchnerismo, pero su práctica es aprobar leyes, cómo esta, favorables a las empresas, en última instancia siguen manteniendo una política neoliberal”.
“Los estudiantes y docentes que hemos puesto en pié este movimiento vamos a persistir en nuestra lucha contra la injerencia empresarial y clerical en la educación, este mismo Viernes hay una nueva Asamblea Interestudiantil a las 17 hs en Ciudad de las Artes donde discutiremos cómo seguimos, ahora, por la derogación de esta nueva ley” finalizó Luciana Torres en la conferencia de prensa.
CONTACTOS:
Elina Martinelli TEL 0351 153 877087
Luciana Torres TEL 0351 153 035259
Erica Guazzaroni TEL 0351 155 202597
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