En la provincia la inseguridad es la propia Bonaerense
El gobernador Scioli dispuso que en el marco del programa “ Prevención en las escuelas” cada establecimiento educativo contará, el primer día de clase y el tiempo necesario hasta cumplir el objetivo, con un policía para concientizar, informar, repartir folletos y dar charlas en las aulas sobre “políticas de prevención del delito”.
Los trabajadores de la educación que conformamos la Corriente Nacional 9 de Abril-Lista Marrón del SUTEBA-CTERA repudiamos este intento de meter en las escuelas a los responsables de casi 1500 casos de gatillo fácil, la mitad de todos los producidos a nivel nacional, de los que son víctimas pibes de la edad de nuestros alumnos en su amplia mayoría.
Esta policía intenta legitimar un claro avance de las fuerzas represivas naturalizando la presencia de uniformados (policías bonaerense 1 y 2, las policías municipales y gendarmería) militarizando las calles, los barrios y las escuelas de la Pcia. De Buenos Aires. ¡Esta Bonaerense, principal sospechada de la desaparición de Jorge Julio López, cuenta en sus filas con más de 9000 efectivos que actuaron durante la dictadura en los centros clandestinos de detención ,no debe meterse en las escuelas!
Justamente, esta medida nefasta aparece en medio de una verdadera campaña de criminalización de la juventud en la que el gobernador Scioli, la derecha y los medios insisten con bajar la edad de imputabilidad de los menores.
La posición del gobernador no es nueva. La de la derecha y los medios tampoco. La presidenta por su parte dice el problema no es “de edades”, pero su partido votó a favor en el senado de la baja de edad de imputabilidad. Lo cierto es que en cada delito sangriento, repetido hasta el hartazgo en las pantallas, se busca con lupa la participación de un menor y se instala la idea que relaciona menores con delitos sangrientos, problema que supuestamente se solucionaría con un incremento de personal policial y de otras fuerzas represivas.
Según un estudio de Nils Karberg, director regional de UNICEF para América Latina, los delitos graves dolosos cometidos por menores en la provincia por año no superan los quince (eso sí repetidos por televisión hasta el hartazgo), una cifra ínfima en relación con la población bonaerense y más si se la compara con la de otros países de América e incluso de Europa. Y una cifra insignificante al lado de los grandes delitos que tienen como partícipes a los propios efectivos policiales junto a mafias, zonas liberadas, desarmaderos, tráfico de drogas y personas, etc.
Y entonces… ¿Cuál es el sentido de estas medidas?
En primer lugar implica criminalizar a las víctimas: a pesar del pregonado crecimiento económico, más de 600.000 pibes de entre 15 y 24 años no tienen trabajo, ni acceso al estudio. Los que tienen la suerte de trabajar lo hacen en condiciones de suma precariedad. Los jóvenes son el sector con mayor potencialidad de rebeldía, y, por ende, quienes primero y más profundamente pretenden disciplinar. Reprimir, encerrar y matar es la única salida que parece ofrecer el gobierno de Cristina y Scioli y que avala la oposición patronal de Duhalde, Macri, Alfonsín y Carrió para el sector más vulnerable de la sociedad. La presencia del estado se hace sentir, no como respuesta a las demandas de los trabajadores y sus hijos, sino con mano dura.
En nuestro país son 3.093 las personas asesinadas por las fuerzas represivas del estado (gatillo fácil, torturas en comisarias e institutos, CORREPI- Archivo 2010) desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010. La mayoría jóvenes. De ellas, 1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner y 56 los asesinados en movilizaciones populares (Fuentealba, Mariano Ferreira, Kosteki y Santillán…) cifra que muestra claramente cuál es la respuesta de los diferentes gobiernos de turno ante los reclamos del pueblo.
En segundo lugar, lo que se oculta con la discusión menores-delito es que detrás de las grandes actividades delictivas como el robo de automotores, el narcotráfico, los secuestros o la trata de personas, etc. está involucrada la policía. Los medios, por más que quieran, no pueden esconder esto. Recordemos la serie de crímenes con robos de coches que ocurrieron a fines del 2009 donde hasta el mismo ex ministro de seguridad Stornelli tuvo que reconocer la participación policial; o la salidera bancaria de la que fue víctima Carolina Píparo que dejó de salir en los medios justo cuando uno de los detenidos involucró a personal de la bonaerense.
Y hasta la participación de menores en delitos graves, la mayor parte de las veces, es propiciada o impuesta por la propia policía como denunció oportunamente el Juez Arias de La Plata. Justamente en estos días acaban de cumplirse dos años de la desaparición del joven Luciano Arruga, visto por última vez brutalmente golpeado en el destacamento policial de Lomas del Mirador tras haberse negado a robar para la bonaerense.
Es que justamente la juventud es la principal víctima de la policía a través del gatillo fácil o las torturas en las comisarías como decíamos más arriba. Miguel Brú, Maximiliano Sosa, Damián Ibarzabal, Maximiliano Maidana, Carla Lacorte, los chicos torturados en la Comisaría Primera de Quilmes, o los recientes asesinatos a manos de la Bonaerense de Gabriel Ramos y Franco Raul Almiron en J. L. Suarez bajo la escusa de que estaban saqueando un tren, son sólo algunos ejemplos de pibes y pibas que fueron víctimas de esta renovada forma de genocidio.
En este sentido, poner a la policía a “asesorar” y “cuidar” a la juventud es un acto perverso y criminal.
Una política de mano dura y criminalización
Pero esta medida no es una medida aislada sino parte de una política del gobierno nacional y los gobiernos provinciales –tanto oficialistas como opositores- que quieren ponerle freno a la protesta social y a la emergencia de los sectores más explotados y oprimidos de nuestro país. El 2010 terminó con los asesinatos de Mariano Ferreyra (a manos de la patota sindical, columna vertebral del modelo, según Kristina), los Quom de la Comunidad La primavera de Formosa y de los hermanos inmigrantes y nativos en el desalojo del Parque Indoamericano. Pero también con el intento de desafuero de los delegados combativos, como Víctor Ottoboni de Fate o el procesamiento de los estudiantes Jéssica Calcagno y Patricio del Corro por cortar las calles en apoyo a la lucha de los trabajadores de Kraft en 2009 y como si esto fuera poco ahora quieren bajar la edad de imputabilidad a los menores. Un ataque en toda la línea a los que salen a luchar y cuestionar “el modelo”.
Los/as docentes tenemos que ser parte de los miles que en las calles derrotemos estas medidas de disciplinamiento junto a los jóvenes, los trabajadores y el pueblo pobre.
Los sindicatos, federaciones estudiantiles y organismos de DDHH tienen que poner en pie una gran campaña para derrotar esta ofensiva reaccionaria del gobierno nacional y provincial avalada por la oposición patronal. Lamentablemente, organizaciones como la FEB se han pronunciado a favor de esta política de militarización y el SUTEBA tibiamente cuestionó la medida. Es necesario que SUTEBA y el Frente Gremial Docente junto a la CTA y la CGT se pronuncien claramente en contra y que llamen a asambleas comunes en todos los lugares de trabajo para que discutamos medidas para derrotar esta política del gobierno provincial.
-¡No a la policía en las escuelas!
-¡No a la baja de edad de imputabilidad!
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