Lo primero que podemos decir es que la reforma de la Ley Provincial de Educación 8113 se hace de espaldas a los trabajadores de la educación y toda la comunidad educativa, sin ninguna instancia de debate y participación real de parte de los cientos de miles que sostenemos diariamente una educación pública cada vez más en crisis. Nos preguntamos, entonces ¿cuál es el lugar asignado a la comunidad educativa? Aparece al final, para decir “amén”, como en el no-debate de la Ley Nacional de Educación impulsada por Néstor Kirchner en 2006. Para evitar un debate democrático donde podamos intervenir todos los trabajadores de la educación, nos imponen una pseudo consulta donde se espera que el “aporte” se realice institución por institución, sobre un rayado de cancha que no es opinable, nos piden que nos expidamos sobre un proyecto ya presentado y negociado por arriba para ser votado.
Pero no sólo esto: han sido convocados a opinar sobre el modelo educativo provincial sectores como el nefasto Consejo Católico de Educación -el mismo que expresa los intereses de la Iglesia que viene de promover una enorme campaña reaccionaria contra el matrimonio para personas del mismo sexo-, las cúpulas sindicales -que traicionan permanentemente los intereses de los trabajadores- y cámaras empresariales que nada tienen que decir acerca de qué educación necesita el pueblo trabajador. De hecho, uno de los aspectos más nefastos de esta reforma es que profundiza aún más la lógica mercantilista de la nefasta ley de educación provincial vigente, promovida por empresas como Minelli y Arcor (la misma empresa que impone condiciones de trabajo esclavas, a la que enfrentaron recientemente los trabajadores de la alimentación) , y que entre otras cosas establece que el Estado promoverá "Estrategias que apoyen el desarrollo económico de la Provincia, estimulando las capacidades innovadoras y de organización de la población e incorporando efectivamente, a través de la educación, los avances científicos y tecnológicos que permitan mejorar la producción y las condiciones de trabajo" (art. 44 inciso b) Una educación abiertamente diseñada en función de los intereses de las grandes empresas.
De hecho, esta reforma da una nueva vuelta de tuerca en el sentido de convertir a las escuelas en ámbitos de reproducción de mano de obra al reforzar el perfil de egresados que las empresas requieren según sus necesidades productivas, en detrimento de una formación integral, que por su puesto debe garantizar que todos nuestros jóvenes puedan apropiarse del conjunto de los avances de la historia de la humanidad en lo referente al arte, las ciencias sociales, las naturales y la tecnología. Esta orientación aparece claramente en el art. 40, donde se expresa que “El Ministerio de Educación propiciará la vinculación de las instituciones educativas secundarias con el mundo de la producción, el trabajo y otros organismos según su orientación. En este marco podrán realizarse prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, entidades culturales y gremiales...” O sea: una educación orientada a generar pasantes para todo el mundo, hasta para la propia UEPC! En el art. 65 se reaviva la ingerencia del sector productivo en los diseños curriculares de la educación técnico-profesional. Las escuelas técnicas, estatales y privadas, deberán “contemplar la constitución de cuerpos consultivos o colegiados donde estén representadas las comunidades educativas y socio-productivas” (art. 62 inc d)... sigue mandando la empresa privada!
Esta nueva reforma no hace más que consolidar los ataques sobre la educación que se vienen profundizando desde la ley federal de los '90 y la ley Nacional de Educación kirchnerista, que implicaron un gran avance en la mercantilización y la elitización del modelo educativo, con la injerencia directa de las empresas y la Iglesia. El objeto de la presente reforma es adecuar el ordenamiento normativo de la educación a cambios que no se permite cuestionar: la transferencia de escuelas a la órbita provincial realizada por el menemismo, en una clara continuidad de la política de descentralización del sistema educativo comenzada por la última dictadura y refrendada por la Ley Nacional de Educación del kirchnerismo; la reforma constitucional hija del Pacto de Olivos; la Ley Nacional de Educación del kirchnerismo 26.206. Apenas arranca, en el ámbito de aplicación, esta Ley reafirma una de las tendencias más nefastas que constituye el hilo rojo que atraviesa el Estado neoliberal inaugurado con la dictadura de 1976: la descentralización. Inaugurada por los militares, nunca fue revertida por ningún gobierno democrático; fue profundizada por Menem con la transferencia de escuelas secundarias a las provincias y nuevamente profundizada por Kirchner con la apertura a la municipalización. Y lo refrenda en el Art. 3 inc. i.
En cuanto a la situación de los trabajadores de la educación, la ley establece que se nos debe ‘ofrecer’ una “capacitación, y (la) actualización integral, gratuita y en servicio, a lo largo de toda la carrera”, obligándonos a capacitarnos y actualizarnos en forma permanente, lo cual sería deseable si no fuese porque en la práctica la obligación de la capacitación, que se realiza fuera del horario de trabajo, se transforma en una carga más para cada trabajador. Si se admitiera que el docente debe capacitarse a costa de su propio tiempo –un tiempo no pagado por quien lo emplea- se estaría imponiendo la perversa lógica de que la responsabilidad del trabajo mal realizado es del trabajador. En el mismo art. 7 leemos que el docente tendrá derecho “al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio”. Definición ambigua que abre las puertas a la flexibilización de nuestras condiciones de trabajo, al mejor estilo de las feroces leyes menemistas. Esta ley atenta contra nuestra estabilidad laboral e implica una mayor flexibilización de nuestras condiciones de trabajo: en primer lugar, los docentes que dictan materias artísticas directamente perderían las horas, con lo cual se quedarían sin posibilidad de trabajar o al menos las verían drásticamente reducidas; por otra parte, se multiplicarían cargos de coordinador y tutor precario, es decir: sueldos extras sin derechos gremiales para que los docentes trabajemos -además de las 30hs cátedra o el doble cargo- más horas que implicarían seguir deteriorando nuestra salud.
Estos atropellos con que nos atacan el estado, el sindicato, la iglesia, las cámaras de empresas de la educación, las empresas monopólicas que más se han expandido desde 1976...: ¿qué respuesta merecen de nuestra parte? Insultarlos en la grilla que baja desde el Ministerio no sirve de nada: no se les mueve un pelo. La única respuesta es la movilización.
Exigimos al sindicato, cómplice de la imposición por arriba de esta nefasta ley, la convocatoria inmediata a un plan de lucha para organizar al conjunto de la docencia contra la reforma educativa, en primer lugar, para impedir la pérdida de horas y el avance sobre nuestras condiciones laborales, convocando a asambleas de escuela para preparar un paro provincial. Cualquier reforma educativa debe surgir de un debate real donde el gobierno garantice la distribución en cada escuela de los materiales de debate, difundiendo además todos los contra-proyectos y propuestas alternativas de las distintas agrupaciones y docentes. Desde la Agrupación Docente D-Base creemos que el sindicato debería ponerse a la cabeza de exigirle al gobierno la realización de verdaderos talleres de debate en cada escuela donde estén garantizadas estas condiciones democráticas y donde entre docentes, padres, alumnos y organizaciones de trabajadores podamos debatir sobre el estado en que los distintos gobiernos dejaron a la educación pública, así como avanzar en definir qué educación hace falta para proyectarse sobre las necesidades sociales existentes, así como establecer bajo qué criterios pedagógicos y de qué manera debería desarrollarse la implementación de esta educación.
Exigimos:
La triplicación del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa, impuestos a las grandes fortunas y al cese de subsidios a las escuelas religiosas.
- Sistema público único de educación financiado por el Estado.
- Salario igual a la canasta familiar por cargo, para que podamos tener la dedicación que nuestros alumnos necesitan, sin correr de escuela en escuela.
- Que se conformen gabinetes psicopedagógicos en todas las escuelas. Que no haya más de 20 alumnos por curso. Materiales pedagógicos acordes a las nuevas tecnologías y libros gratis para los alumnos.
- Que todos los cargos sean en blanco y por Lista de Orden de Mérito. Titularización de los precarios cargos de suplentes e interinos.
Docentes D-Base, Lista Marrón de CTERA- Corriente Nacional 9 de abril.
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