Es sabido que la “Córdoba docta” o “de las campanas” que fuera el “faro cultural y religioso” del Virreinato del Río de La Plata, es herencia de los jesuitas, que gracias a su enorme posesión de riquezas (asentadas en la explotación del trabajo asalariado de la mano de obra indígena y el trabajo esclavo) desarrollaron una importante actividad educativa y cultural poniendo en pie en 1613 una de las primeras universidades de América Latina, el actual colegio Nacional Montserrat y hasta la primer imprenta del Virreinato. La posterior expulsión de la orden de todos los territorios españoles, claro está, no tuvo como resultado la laicidad de la educación.
En Córdoba, hubo que esperar la heroica lucha de los reformistas del ‘18 para arrancar de las retrógradas manos de la Iglesia a la educación universitaria. Se sabe también que la laicidad en la educación fue establecida formalmente en el año 1884 por la ley 1420 bajo el gobierno de Roca, aunque la educación religiosa fue reestablecida por la dictadura de Ramírez y mantenida por Perón hasta el ‘55. Pero de la misma forma en que la Iglesia aún no ha sido separada del Estado, que mediante el art. 2 de la Constitución sostiene materialmente el culto católico, financiando con los impuestos que pagamos los trabajadores y el pueblo sueldos y jubilaciones de privilegio a sacerdotes y monjas, ésta sigue interviniendo escandalosamente en el diseño de la educación.
En nuestra provincia, la Iglesia obtuvo una gran conquista cuando en el año 1991 el gobierno de Angeloz aprobó la ley de educación provincial 8113, estableciendo como fines de la educación: “El desarrollo integral, armonioso y permanente del educando orientado hacia su realización personal y su trascendencia en lo cultural, lo social, lo histórico y lo religioso, según sus propias opciones” y como derechos de los padres:“que sus hijos reciban, en el ámbito de la educación pública estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado”. Asimismo, la Iglesia obtuvo el derecho formal de intervenir en el ámbito educativo mediante la creación del Consejo de Educación Provincial, integrado por el Consejo de Educación Católico de Córdoba, junto con empresas y burócratas sindicales. Sobre todo en el nivel inicial, este marco legal habilitó a lo largo de años la imposición de hecho de la religión, haciendo rezar y “dar gracias” a los chicos, práctica completamente discriminatoria y avasallante que nos recuerda a la oscurantista Córdoba jesuítica.
Con la complicidad del Estado, la Iglesia impone permanentemente su moral en las aulas, logrando que hasta el momento no se haya aplicado en los hechos la ley de educación sexual, cuya guía calificó de “neomarxista”, el mismo lenguaje utilizado por los genocidas para desaparecer compañeros.
Mientras se terminaba de reponer del golpe que le implicó la aprobación del matrimonio igualitario, contra el que impulsó una feroz cruzada que no despertó más que indignación entre la mayoría de los trabajadores, la Iglesia embistió nuevamente para dar muestra de su enorme poder material y político, imponiendo desde el Consejo de Educación Provincial sus intereses en la reforma educativa. Así, esta establece que la “educación sexual integral debe garantizar una sexualidad responsable, que promueva el derecho a la vida y su preservación” ¿Qué es la educación sexual responsable?, la abstinencia hasta el casamiento como pretende la Iglesia, que por otra parte cobija miles de curas pedófilos? ¿Qué es el derecho a la vida para la iglesia? ¿Oponerse al aborto que causa más de 400 muertes de mujeres, sobre todo pobres, cada año? Acaso enseñaran que solo pueden ser consideradas familias aquellas constituidas por "un papá y una mamá", demonizando las uniones homosexuales? A donde queda el respeto a las identidades transexuales? Parece una tomada de pelo a menos de un mes de aprobado el matrimonio igualitario en la Argentina.
La Iglesia, aliada al gobierno de Schiaretti, ha llegado todavía más lejos, logrando que la educación ya ni se defina como laica. Así, en el apartado “derechos y deberes de los padres”, se establece que no sólo tienen derecho “a elegir para sus hijos la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas", lo que implica seguir desfinanciando la educación pública para subsidiar a los colegios confesionales, sino “a que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado”. Además de ridículo en su aplicación, ya que no se entiende de qué manera se distribuirían los colegios públicos según los credos, es absolutamente oscurantista y discriminatorio de los más elementales derechos de niños, padres y docentes, retrocediendo cada vez más a una educación dogmática y no científica.
Pero no sólo para la Iglesia está hecha esta reforma, sino para las mismas empresas chupasangres como Minetti y ARCOR, contra la que se rebelaron cientos de trabajadores hace unas semanas. Así, se establece que el Estado promoverá"Estrategias que apoyen el desarrollo económico de la Provincia, estimulando las capacidades innovadoras y de organización de la población e incorporando efectivamente, a través de la educación, los avances científicos y tecnológicos que permitan mejorar la producción y las condiciones de trabajo” (art. 44 inciso b) Esta reforma da una nueva vuelta de tuerca en el sentido de convertir a las escuelas enámbitos de reproducción de mano de obra al reforzar el perfil de egresados que las empresas requieren según sus necesidades productivas, en detrimento de una formación integral, que debe garantizar que todos nuestros jóvenes puedan apropiarse del conjunto de los avances de la historia de la humanidad en lo referente al arte, las ciencias sociales, las naturales y la tecnología. Esta orientación aparece claramente en el art. 40: “El Ministerio de Educación propiciarála vinculación de las instituciones educativas secundarias con el mundo de la producción, el trabajo y otros organismos según su orientación. En este marco podrán realizarse prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, entidades culturales y gremiales...” O sea: una educación orientada a generar pasantes para todo el mundo, hasta para la propia UEPC! En el art. 65 se reaviva la ingerencia del sector productivo en los diseños curriculares de la educación técnico-profesional.
Impulsemos un gran movimiento de lucha contra la reforma educativa
Es vergonzoso el doble discurso de la conducción de UEPC, que por un lado declara su aprobación al matrimonio igualitario, como lo hizo Nebreda, pero por el otro, tras bambalinas y de espaldas al conjunto de los trabajadores docentes, reivindicando haber consensuado con el Consejo Católico Argentino y las patronales, aprueba la ingerencia de la iglesia y las empresas en la educación de nuestros jóvenes, firmando este proyecto de ley. Esta conducción deja pasar el ataque al derecho elemental de una educación pública laica sin una sola medida de fuerza.
Desde la Agrupación Docente D-BASE, junto con los secundarios del movimiento juvenil NO PASARÁN! manifestamos desde el principio nuestro rechazo a esta reforma impuesta de manera completamente antidemocrática, sin ninguna consulta ni debate real en el conjunto de la comunidad educativa.
Exigimos al sindicato, cómplice de la imposición por arriba de la reforma, la convocatoria inmediata a un plan de lucha para organizar al conjunto de la docencia contra la misma, para impedir el deterioro de nuestras condiciones laborales, así como el avance de la Iglesia y la mercantilización de la educación.
Cualquier reforma educativa debe surgir de un debate real donde el gobierno garantice la distribución en cada escuela de los materiales de debate, difundiendo todos los contra-proyectos y propuestas alternativas de las distintas agrupaciones y docentes.
Exigimos:
La triplicación del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa, impuestos a las grandes fortunas y al cese de subsidios a las escuelas religiosas.
· Sistema público único de educación financiado por el Estado.
· Educación laica. Basta de subsidios a la educación religiosa!
· Salario igual a la canasta familiar por cargo, para que podamos tener la dedicación que nuestros alumnos necesitan, sin correr de escuela en escuela.
· Que se conformen gabinetes psicopedagógicos en todas las escuelas. Que no haya más de 20 alumnos por curso. Materiales pedagógicos acordes a las nuevas tecnologías y libros gratis para los alumnos.
· Que todos los cargos sean en blanco y por Lista de Orden de Mérito. Titularización de los precarios cargos de suplentes e interinos.
Basta de subsidios a la educación religiosa!
Según un informe del CIPPEC, Córdoba se ubica en el primer puesto nacional en materia de subsidios a la educación privada, dentro de la que ocupa un lugar privilegiado la educación confesional. “La Iglesia constituye un actor ineludible en un análisis de la política educativa cordobesa.
La influencia de los representantes de la Iglesia ha adquirido una materialidad paradigmática en el otorgamiento de subvenciones estatales a instituciones del sector privado, que insumen más de un 20% del gasto educativo de la provincia (…) el poder de injerencia de la Iglesia quedó claro no sólo en los momentos en los que el gobierno intentó ejercer algún control sobre el sector privado sino también en situaciones en las que el debate comprendía igualmente a la educación pública, como en el caso de las discusiones sobre la Ley Provincial de Educación o la elaboración de los nuevos diseños curriculares.”(Informe CIPPEC, Proyecto "Las Provincias Educactivas")
Estos subsidios, además de implicar la dualización del modelo educativo, donde sólo unos pocos tienen acceso a una educación de calidad, sostienen con los aportes del pueblo trabajador, sea o no creyente, el dogma católico. Debemos luchar por terminar con estos subsidios, por un sistema único de educación laica financiado por el Estado.
Docentes D-Base- Lista Marrón en CTERA
